De entre los numerosos eventos y jornadas que se organizan en el sector legal, hay unos que tienen garantizado el éxito de asistencia: los protagonizados por los directores de las asesorías jurídicas de las grandes empresas. Este creciente interés es un buen termómetro del poder que en la actualidad ostentan los in house (término anglosajón para referirse a los abogados internos), no solo en el seno de las compañías, sino también en el conjunto del mercado jurídico. Ellos son decisivos en la elección del bufete al que se contrata (seducirlos es el objetivo número uno de todas las firmas) y, como el cliente manda, sus necesidades son determinantes para guiar la evolución del asesoramiento legal y el funcionamiento de los despachos.

Esta mayor influencia se explica, entre otras razones, por el complejo panorama regulatorio, que obliga a que los abogados internos están presentes en el núcleo duro de la toma de decisiones corporativas. Eso sí, con un papel proactivo. Ya no pueden ser los del «no a todo», como tradicionalmente se los ha caricaturizado.

Para canalizar las nuevas inquietudes y necesidades de los in house, y convertirse en un punto de encuentro e intercambio de ideas, formación e información, la sección española de la Association of Corporate Counsel (ACC) ha puesto en marcha una serie de acciones para darse a conocer y difundir su actividad entre los abogados internos. Con 47.000 miembros, la ACC es la mayor asociación del mundo de abogados internos, con una presencia muy destacada en el ámbito anglosajón. Su objetivo, ahora, es crecer también en Europa, en donde cuenta con más de 2.800 socios. En España supera los 140 miembros, aunque solo el año pasado logró incorporar a una veintena de nuevos asociados, muchos de ellos provenientes de empresas del Ibex 35.

«Queremos ganar masa crítica», explica Jorge Muñoz, director legal y de compliance de Gilead en España, y uno de los cuatro representantes de la ACC en nuestro país, junto con Eva Argilés, directora jurídica de Applus; Teresa Mínguez, directora legal y de compliance de Porsche Ibérica, y Javier Ramírez, vicepresidente y secretario general de HP. Pero, ser más, ¿para qué? En primer lugar, para compensar la «soledad» que a veces tienen los jefes de asesoría jurídica interna en su trabajo diario, expresa Teresa Mínguez: «La asociación es una oportunidad magnífica para intercambiar preocupaciones, problemas o soluciones». Y ello, añade Eva Argilés, con una vertiente internacional que no pueden ofrecer otras asociaciones o las secciones de los colegios.

En segundo término, para facilitar el acceso a formación en algunas de las competencias y habilidades que exige el nuevo rol de los in house, y que van mucho más allá del conocimiento técnico-jurídico, como señala Jorge Ramírez. «Se da por supuesto que sabes Derecho; ahora, además, se nos pide que comprendamos el negocio, que comuniquemos bien, que manejemos un presupuesto y que seamos capaces de conformar y liderar un equipo».

Y, por último, para hacer lobby para defender sus intereses profesionales. El último episodio en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de que los abogados de empresa cuenten con una voz reconocible es la amenaza de Hacienda de acabar con su secreto profesional a través de la reforma de la Ley General Tributaria.

La relación con los bufetes

El poder creciente de los abogados internos ha nivelado la siempre compleja relación entre las asesorías jurídicas de las empresas y los bufetes. «Antes eran los despachos los que imponían su modelo de trabajar. Ahora hay más equilibrio», describe Eva Argilés. En ello han influido varios factores. El primero, la enorme competencia en el sector. Y no solo por la llegada de un importante número de firmas internacionales, sino también por la aparición de otros proveedores de servi­cios legales. «Muchos hemos trabajado en firmas de abogados y eso te permite conocer cómo trabajan», subraya Teresa Mínguez, quien asegura que los in house se han vuelto «más exigentes»: «Ahora nos negamos a pagar servicios de commodities (que pueden producirse en masa y a bajo coste) a precio de servicios de valor añadido. Preferimos buscar otra firma».

El segundo factor es la presión de costes que, especialmente tras la crisis económica, las compañías han trasladado a sus departamentos legales. Para Javier Ramírez, «cada vez es más importante la previsibilidad; es decir, saber cuánto me va a costar un encargo». Una necesidad que choca frontalmente con la facturación por horas, el sistema preferido de los despachos para calcular sus honorarios. Además, los presupuestos que presentan las firmas se revisan al detalle y, si es necesario (lo que sucede prácticamente siempre, relatan), se discuten.

La evolución del sistema de contratación hacia la elección por concurso, dentro de un panel de varias firmas, ha incrementado el poder de negociación de los in house. «Ya no hay ningún pudor en trasladar la presión a la baja de los costes al abogado externo», asevera Teresa Mínguez. No obstante, como relativiza Eva Argilés, los departamentos legales no están sometidos a mayores restricciones que otras áreas corporativas: «La presión presupuestaria es la que soporta cualquier otro directivo».

Igualdad y conciliación

En todo caso, los representantes de la ACC en España no solo se plantean utilizar su posición de dominio para ajustar el precio del asesoramiento legal. También aspiran a poder influir de manera positiva en el fomento de la igualdad en los bufetes, una de sus grandes asignaturas pendientes. En este sentido, como comenta Jorge Muñoz, cuando piden ofertas a las firmas, uno de los criterios de puntuación es el número de socias, «y cuantas más mujeres, más puntos se les asignarán».

No obstante, y consciente de la importancia que juegan las dificultades de conciliación para que muchas abogadas decidan no continuar sus carreras dentro de los despachos, Muñoz hace autocrítica. «También debemos preocuparnos de no pedir todas las cosas de un día para otro». Una observación que comparte Teresa Mínguez: «Muy pocas cosas son urgentes y, cuando lo son, nadie tiene ninguna duda. Hay que ser honesto y transparente en esto porque, al final, cuando pides una cosa para mañana, eso exige un esfuerzo adicional a los letrados de la firma».

Línea directa con el CEO

El informe 2019 ACC Chief Legal Officers Survey acredita el mayor peso de los directores legales en sus compañías. Así, el 76% de los in house encuestados revela que reporta directamente con el CEO de su empresa (en Estados Unidos, el 82%; en Europa, el 74%). La sección española de la ACC quiere ayudar a empoderar a los abogados internos. «Queremos que participen en los comités de dirección, que sean un directivo más en su empresa y que su opinión sea tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones de negocio», dice Javier Ramírez.

En todo caso, esta mayor integración en el negocio no debe contaminar la necesaria independencia de la función legal, como sucedería, por ejemplo, si sus incentivos son los mismos que los de los comerciales. Así, apunta Teresa Mínguez, «tanto el compliance officer como el abogado in house tienen que ser el buen guardián de la compañía y ser capaces de decirle al consejo de administración lo que no se puede hacer».

Según describen los cuatro, la introducción del compliance penal y otras áreas del derecho en las que se ha impuesto el sistema de la autorresponsabilidad de las organizaciones (en protección de datos, por ejemplo) ha elevado la complejidad de la tarea de las asesorías jurídicas. «Yo, sin duda, duermo peor», bromea Jorge Muñoz. Unos riesgos que, además, en el caso de ellos cuatro, al trabajar en compañías multinacionales, «son globales».

«Antes hablábamos de puro cumplimiento y ahora el enfoque es desde una perspectiva de riesgos. Hace unos años, al abogado le bastaba con decir no; ahora, tiene que ayudar al negocio en un entorno de grises», explica Argilés. Este cambio, sin embargo, como comenta Teresa Mínguez, tiene una ventaja, y es que ha ayudado a que el resto de directivos tomen conciencia de la importancia de la función legal.

Los representantes de la ACC en España

Jorge Muñoz, director legal y de compliance de Gilead España. Tras un breve paso por una firma de abogados, Muñoz ha desarrollado su carrera profesional en diversas multinacionales. Después de unos años en GSK, recientemente se ha incorporado a la compañía biofarmacéutica Gilead Sciences. De entre las posibilidades que ofrece la ACC a sus miembros, destaca la formación personal y profesional, así como en la gestión de proyectos.

Teresa Mínguez, directora legal y de compliance de Porsche Ibérica. Después de más de 15 años en el área de M&A de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, Mínguez se incorporó a Porsche Ibérica. La letrada resalta cómo los in house han reforzado su posición en el sector legal, lo que se traduce en una mayor exigencia sobre el servicio de las firmas. Además, califica a la ACC como un gran foro de networking, “pero para ayudarnos o enriquecernos, sin que nadie intente venderte nada”.

Eva Argilés, directora jurídica de Applus. Comenzó su carrera en Cuatrecasas y, tras 13 años en Puig, fichó por Applus en 2013. Afirma que uno de los problemas que tienen los in house es la falta de buenos medidores para trasladarle a su propia organización el valor de la función legal. “Hay que admitir que somos muy malos vendiéndonos”. No obstante, explica, los materiales de la ACC pueden ser de gran ayuda en esta materia.

Javier Ramírez, vicepresidente y secretario general de HP. Cuenta con más de 25 años de experiencia en asesoría jurídica. En HP dirige el área de litigios en todas las zonas geográficas, salvo Estados Unidos, y es responsable de asuntos regulatorios en Europa. En su opinión, el sector legal ha pasado de ser un mercado de vendedor a uno de comprador y “ahora hay más interés en conocernos a los compradores de servicios legales”.

Fuente: Cinco Dias.