Las nuevas tecnologías e internet no solo ofrecen un sinfín de oportunidades a ciudadanos y empresas, también a los delincuentes. Los datos contenidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado hecha pública ayer, correspondientes al año 2018, revelan que la red se ha convertido en un espacio idóneo para aquellos criminales que buscan lucrarse ilícitamente a través del engaño.

Así, de entre todos los procedimientos judiciales iniciados por ciberdelitos, el 61% correspondió a estafas cometidas a través de internet (5.581 de un total de 9.058). Cambian los métodos, pero la esencia de estos ilícitos es la misma que en el mundo analógico. O bien se venden productos o servicios que a la postre se demuestran falsos o inexistentes, o bien los delincuentes se aprovechan de la avaricia del ciudadano para ofrecerle un negocio aparentemente muy lucrativo que, finalmente, es un timo.

Con respecto a los datos de 2017, el número de ciberestafas crece de forma notable, algo más de un 50%. Ese año, los procedimientos iniciados por este delito fueron 3.715 (un 55% del total). No obstante, la fiscalía subraya que, aunque sea el más denunciado, no puede extraerse la conclusión de que la estafa sea el delito más cometido a través de internet. Existen otros, como la pornografía infantil o los ataques informáticos, explica, cuya cifra de incidencia es muy difícil de determinar (la capacidad de ocultación aún es muy alta).

Eso sí, a pesar del elevado número de procesos iniciados, el ministerio público remarca que es probable que muchos hayan quedado fuera porque se trata de conductas muy difíciles de perseguir. En un buen número casos la investigación queda en nada por la imposibilidad de determinar su autor, la incapacidad técnica de indagar los hechos o porque la cuantía del delito no supera los 400 euros.

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Modalidades habituales

La Memoria hace un repaso de las modalidades más habituales en que se concretan las estafas en la red. En primer lugar, a través de la oferta fraudulenta de vehículos (el phising-car), electrodomésticos, dispositivos, elementos informáticos o entradas a conciertos o espectáculos públicos. En concreto, el año pasado se registraron 118 operaciones simuladas de supuesta adquisición de vehículos de alta gama, con un perjuicio aproximado de medio millón de euros.

El segundo tipo reseñado por el ministerio público son las ofertas de inversión de alta rentabilidad, en moneda de curso real o virtual, e, incluso, en oro o diamantes. En algunos de estos casos, la trama era especialmente compleja de perseguir porque actuaba en varios países a la vez.

Asimismo, también preocupa en el organismo el fraude en el alquiler de viviendas vacacionales, la usurpación de identidad para operar con la cuenta bancaria de las víctimas, el clonado de tarjetas de crédito o el bloqueo del ordenador para, posteriormente, pedir un rescate.

Ciberataques

Otro de los puntos en los que pone el acento la fiscalía son los escasos procedimientos en los que se investigan ataques informáticos: apenas 83 casos (el 0,9%). Un dato que se explica, en parte, por la dificultad de identificar al autor del delito, pero lo cierto es que el ministerio público cree que en mayor medida influye la «resistencia a denunciar dichas agresiones informáticas por parte de las empresas u organizaciones afectadas, con la finalidad de evitar las consecuencias reputacionales».

Para poner fin a esta «preocupante» situación, el organismo reclama la creación de un sistema «ágil y eficaz» que permita la transmisión de los incidentes de ciberseguridad.

Hay que recordar que tanto el Reglamento General de Protección de Datos como la directiva NIS (que regula la seguridad en las redes y sistemas de información) imponen que las empresas notifiquen los ataques informáticos que sufran cuando se vean afectados datos de carácter personal o cuando la víctima sea un «operador de servicios esenciales», como empresas de energía, transporte o entidades bancarias.

Un 80% de condenas por corrupción

Ralentización. Según los datos de la Memoria, el trabajo para combatir la corrupción puede estar dando resultados. Por un lado, un buen número de los procesos instados por la Fiscalía Anticorrupción acaban en condena. En concreto, de las 28 de las sentencias dictadas en primera instancia, 23 resultaron condenatorias (el 80%). Por otro, se aprecia cierta estabilización o ralentización en la aparición de nuevos casos. Los procesos que requirieron la intervención de esta unidad especializada pasaron de 609 a 678 (un 10% más), pero, como explica el organismo, el ascenso no se debe «a un incremento real de la delincuencia […], sino a la desmembración de determinados procesos».

Protección del denunciante. La fiscal general, María José Segarra, reclamó ayer, para perfeccionar la persecución de los delitos de corrupción, una reforma «en profundidad» de la legislación sobre protección a denunciantes y testigos, y la mejora de la capacidad del Tribunal de Cuentas para exigir responsabilidades contables por el gasto público descontrolado. La fiscalía, asimismo, ve necesaria la creación del delito de enriquecimiento ilícito.

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Fuente: Cinco Dias.