La Fiscalía Anticorrupción ha añadido a Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, y otros nueve antiguos dirigentes de la entidad y su matriz BFA la acusación de presunta falsedad contable a la ya contemplada de posible estafa a inversores en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad, efectuada en julio de 2011.

Así lo ha expuesto esta mañana en la sede de la Audiencia Nacional (San Fernando de Henares) la fiscal encargada del caso, Carmen Launa que, igualmente, ha aumentado la pena de prisión que pide para cada uno de ellos, salvo para Francisco Verdú (ex consejero delegado), que le retira el cargo de presunta estafa a inversores. De esta forma, solicita ocho años y medio de cárcel para Rato en lugar de cinco años que pedía anteriormente; sube de cuatro años a cinco años para José Luis Olivas (exvicepresidente de la entidad); eleva de tres años a cuatro años la pena de cárcel para José Manuel Fernández Norniella; y baja de dos años y siete meses a un año y seis meses para Francisco Verdú.

La Fiscalía únicamente acusaba a estas cuatro personas en un principio, de las 34 que se sientan en el banquillo, pero finalmente ha ampliado su escrito final y ha acusado también al exdirector general financiero y de riesgos de Caja Madrid y de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, para el que pide dos años y medio; al socio auditor de Deloitte Francisco Celma (solicita dos años de prisión); al exinterventor de Bankia Sergio Durá (entre uno y dos años), y al exdirector de auditoría interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro (entre uno y dos años). Asimismo, ha acusado a los exconsejeros Alberto Ibáñez (pide para él entre nueve meses y un año y medio de prisión), Araceli Mora (un año sustituible por multa), Miguel Ángel Acebes (entre nueve meses y un años y medio), Pedro Bedía (un año de prisión sustituible por multa), Remigio Pellicer (un año sustituible por multa) y José Rafael García Fuster (un año sustituible por multa).

Tal como hiciera en sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público confirma que no dirige su acusación contra las tres personas jurídicas, BFA, Bankia y Deloitte.

En mayo de 2012, Bankia depositó en la CNMV las cuentas anuales relativas al ejercicio 2011 sin el preceptivo informe de auditoría con unos resultados que registraban un beneficio de 309 millones de euros. Sin embargo, tras la dimisión de Rato unos días después y la llegada de José Ignacio Goirigolzarri como presidente con su nuevo equipo gestor, la entidad reformuló las cuentas (ahora sí con el correspondiente informe de auditoría) y el resultado anual pasó a reflejar unas pérdidas por 3.030 millones.

En un principio Anticorrupción consideraba que la formulación de cuentas sin informe de auditoría no suponía un delito en sí, pero en la sesión que dio inicio al macrojuicio en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, el pasado mes de noviembre, Launa dejó abierta la posibilidad de añadir el cargo una vez finalizadas las vistas orales, tal como ha sucedido. “Hemos tenido nuevas pruebas documentales y entendemos que la práctica totalidad de los hechos ha quedado acreditado, por lo cual las nuevas pruebas nos obligan a introducir nuevos matices y darle más importancia a algunos extremos”, ha considerado la fiscal. 

Fuente: Cinco Días