De izquierda a derecha, los abogados César Salagaray, José Marí, Carlos García del Cerro, Miguel Ferrández y Antonio Fernández, durante un acto de presentación de KPMG.De izquierda a derecha, los abogados César Salagaray, José Marí, Carlos García del Cerro, Miguel Ferrández y Antonio Fernández, durante un acto de presentación de KPMG.

KPMG Abogados ha anunciado el nombramiento de cinco nuevos socios que desarrollarán su actividad principalmente en las oficinas de Madrid, Barcelona y Valencia. Alberto Estrelles, socio director del despacho, ha asegurado que en esta ocasión han  decidido «promocionar el talento interno con el nombramiento como socios de cinco excelentes profesionales con una larga trayectoria en la firma y un reconocido prestigio profesional”.

Uno de los recien promocionados es Antonio Fernández, que ha desarrollado desde 2001 servicios de asesoramiento y gestión financiera, contable, fiscal y administración de procedimientos, tanto en empresas nacionales como internacionales. Fernández se incorporó a KPMG en el año 2006 y fue nombrado director en 2012. Desde entonces, lidera los servicios de coordinación internacional que presta la firma a los clientes multinacionales, dentro del área de Global Compliance Management Services de KPMG en España. Entre sus funciones, ha estado la gestión de un equipo multidisciplinar que ofrece soluciones globales a sus clientes a través de la red internacional de KPMG.

Por su parte, Miguel Ferrández posee más de 16 años de experiencia profesional en KPMG y ejerce el cargo de director desde 2014. Desde su incorporación a la firma, ha formado parte del departamento de Tributación Indirecta de KPMG Abogados y ha participado en el crecimiento y la consolidación del mismo. Tiene una amplia experiencia en el campo de la tributación indirecta, tanto nacional como internacional y ha asesorado en proyectos de reorganización empresarial e inmobiliarios, o en el diseño e implantación de estructuras multinacionales de comercialización de bienes y servicios, entre otros.

Otro de los nombramientos corresponde a Carlos García del Cerro, que está especializado en el asesoramiento fiscal corporativo. García del Cerro inició su carrera profesional en Arthur Andersen (Garrigues) y, desde el año 2003, participó en la creación y el desarrollo de la línea de Tax Litigation en Cataluña. En el año 2011 se incorporó a KPMG para participar en el desarrollo de su unidad de Fiscalidad Corporativa en esta comunidad autónoma, desde donde ha liderado el asesoramiento fiscal de importantes grupos, nacionales y multinacionales, y la planificación de numerosos procesos de reorganización empresarial. Destaca su papel como asesor técnico en procedimientos de inspección de grandes grupos empresariales en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y su dirección letrada en procedimientos contencioso-tributarios, entre otros.

Cesar Salagaray se incorporó a KPMG en el año 2015 para desarrollar la práctica de Value Chain Management (VCM) en multinacionales españolas con fuerte presencia en el extranjero. A través de un enfoque de consultoría fiscal, busca alinear las políticas fiscales de dichos grupos con sus modelos operativos reales para eliminar potenciales riesgos y hacer más eficiente la fiscalidad global. Además, dirige y coordina proyectos de documentación global de precios de transferencia, y participa en proyectos de dispute resolution (inspecciones fiscales y acuerdos previos de valoración).

Además de los cuatro expertos en asesoramiento financiero, KPMG Abogados también ha reforzado su área legal con el nombramiento como socio de José Marí , abogado del Estado desde 1998 que decidió dedicarse al ejercicio privado de la abogacía en el año 2012. En 2014 se incorporó a KPMG Abogados como director de la oficina de Valencia. Su experiencia es multidisciplinar y transversal: tanto en el ámbito público como en el privado, ha trabajado en asuntos que afectan a diferentes sectores y ha realizado tareas regulatorias en diversos ámbitos, desde la redacción de anteproyectos de normas (medioambientales, urbanísticas o sociales), hasta el control de constitucionalidad de todo tipo de leyes y actos autonómicos, al margen de prestar asesoramiento jurídico multisectorial a la Administración.

Fuente: Cinco Dias.