Nuevo giro judicial en el caso Banco Popular. El principal grupo inversor particular de Popular, encabezado por la familia mexicana de Antonio del Valle y 44 inversores más además de 10 sociedades entre las que se encuentran dos filiales de BBVA Bancomer como fiduciarias de los fondos de inversores, han decidido emprender nuevas acciones legales contra la resolución de la entidad financiera española.

Estos inversores, que controlaban el 4% del capital de Popular (tras invertir 470 millones de euros) antes de ser intervenido y vendido a Banco Santander, han decidido iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Gobierno de España basado en lo que considera “múltiples actos y omisiones antes, durante y después de la resolución de Banco Popular, que violaron múltiples garantías y protecciones establecidas en el tratado bilateral de inversión entre México y España (Tratado México – España) y bajo otras leyes internacionales aplicables”.

Además, y como novedad, este grupo ha solicitado a un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) una orden obligando a Banco Santander y a la Unión Europea a entregar todos los documentos relacionados con la adquisición de Popular por un euro.

Consideran que el juez de Nueva York puede emitir una orden para forzar a Santander a entregar esta documentación ya que el banco que preside Ana Botín recauda dinero en Estados Unidos, requisito imprescindible para poder realizar esta petición.

Este procedimiento (denominado discovery, según la legislación estadounidense) y el arbitraje se suman así a la reclamación ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo realizada en agosto para que se invalide la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) de la UE sobre Banco Popular, y que provocó que todos los accionistas y bonistas perdieran toda su inversión.

El objetivo es “recuperar los daños causados por el Reino de España en virtud de las sustanciales pérdidas de inversión causadas” a este grupo de accionistas mexicano.

Esta es la primera vez que Del Valle, que fue consejero de Popular y fue uno de los impulsores de la salida de Ángel Ron de la presidencia del banco, y otros accionistas mexicanos apuntan a Santander en su intento de revertir la decisión de la JUR. 

El despacho de abogados Kirkland & Ellis ya remitió el pasado 22 de enero una carta de 14 páginas dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, notificando el arbitraje amparado en el tratado firmado entre los Estados de México y España de protección de inversores de ambos países.

Este grupo de inversores, no obstante, parece que tiene complicado sacar adelante sus reclamaciones ya que han contado desde 2013 con un representante en el consejo de administración de Popular, apuntan otras fuentes jurídicas.

Fuente: Cinco Días