Exteriores se prepara para investigar el fraude de las aseguradoras británicas en España. La Alianza para la Sanidad Privada Española, la patronal del sector que representa a 600 empresas y al 80% de los hospitales de titularidad privada, denunció antes del verano la existencia de un abuso por parte de estas compañías, ya que ofrecían pólizas que supuestamente les habilitaban para ser atendidos por la sanidad privada. Cuando llegaban a su destino de vacaciones en España y requerían atención médica, descubrían que la póliza no les cubría la atención en centros privados y tenían que ser trasladados en centros públicos, algo que no debería costarles ni una libra, puesto que estarían cubiertos por la tarjeta sanitaria europea. El coste anual del fraude se eleva a 100 millones de euros, según los cálculos de Aspe, que estima que pueden llegar a atender a 800 pacientes diarios, especialmente localizados en zonas turísticas como Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana o Canarias.l

En un comunicado, ASPE reconoce que mantuvo el pasado 5 de septiembre una reunión con Asuntos Exteriores, Sanidad y Trabajo para tratar el asunto. La reunión se zanjo con la petición a la patronal de un informe completo con el número de turistas británicos atendidos y rechazados en 2019 y el coste que supuso esas prácticas fraudulentas. Desde el Ejecutivo español reconocieron la existencia de indicios de prácticas abusivas cometidas por varias aseguradoras británicas y avanzaron que estudiaban interponer acciones legales para frenar estas malas praxis.

En la reunión, el representante del Ministerio de Exteriores se comprometió a incluir información al respecto en la web del ministerio e informar su homónimo inglés (Foreign Office) para que, a través también de su página web, se abunde en recomendaciones a los turistas británicos para que, cuando contraten un seguro de viaje, revisen con detalle las coberturas. Otro de los acuerdos alcanzados fue la confección de un cuestionario de reclamación que se entregará a los turistas ingleses que lleguen a las urgencias de los hospitales privados y no puedan ser atendidos. Una vez hayan sido debidamente completados y firmados, será remitida una copia a la red consular británica en España para dejar constancia oficial del fraude sufrido.

En paralelo, la patronal de la sanidad privada interpondrá una nueva denuncia ante la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea y estudiará iniciar nuevas acciones judiciales a través de la Directiva Europea de Viajes Combinados. Esa norma es la que protege a los consumidores que contraten paquetes turísticos, en los que también se incluyen estos seguros de viajes fraudulentos que se aprovechan de la cobertura de la sanidad pública británica y española al cobrar por un servicio que se ofrece de forma gratuita a través de la TSE.

Fuente: Cinco Días