Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016; Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2016; Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 26 de marzo de 2019; Resolución del Parlamento de 30 de enero de 2019. Con toda probabilidad, muy pocas personas puedan identificar la importancia de las referencias anteriores. Sin embargo, en todas ellas, la Unión Europea, a través de sus diferentes instituciones, ha regulado o decidido cuestiones de trascendencia absoluta, no solo para el futuro jurídico-político de la propia Unión, sino lo más importante: para el futuro de sus ciudadanos. Las citas aluden a problemas de hondo calado: protección de datos personales, el asunto del cártel de los camiones, el vencimiento anticipado en los procesos hipotecarios, o la posición política de la Unión ante la inestabilidad en Venezuela.

Durante muchísimo tiempo, y desde una posición de ignorancia inexcusable, los españoles hemos omitido la verdadera e innegable importancia de las decisiones que se adoptan en el marco de la Unión. Pese a ser un país calificado como europeísta, la relación de la ciudadanía con Europa se ha mantenido casi siempre oscilante entre la indiferencia y el interés parcial por determinadas cuestiones sectoriales (agricultura, pesca…) Sin embargo, y a diferencia de otros estados de nuestro entorno, España ha sabido siempre defender el pacto europeo y reivindicar la seguridad que el mismo nos ofrece a todos los socios. Incluso en los peores momentos de la crisis de 2008, supimos reclamar el valor de la unidad frente a aquellos que, con una irresponsabilidad impropia de las exigencias que marcan estos tiempos, fraguaban ablaciones territoriales, económicas, y sociales.

Nunca se habían concentrado tantos acontecimientos determinantes para el futuro europeo como en este último lustro. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el Brexit, la extensión de la presencia de China en los mercados financieros, el nuevo terrorismo, o la consolidación de los populismos, han colocado —otra vez— a la Unión Europea ante el reto de definirse a sí misma en una doble vertiente: la interna y la externa. En esa definición nos jugamos el sistema de convivencia que durante décadas ha sostenido la paz en un territorio históricamente convulso. Y ante el reto de la elección que ahora debemos asumir, seguramente, muchos apelaran al castigo a ese pacto social, a la descalificación del modelo, o la pretendida (y falaz) negación de la utilidad de la organización. En esta batalla, muchos son los adversarios. Por ello, los juristas, aquellos participamos en la aplicación de las leyes desde uno u otro plano, y el Derecho, debemos poner en valor la trascendencia de un ordenamiento —el europeo— al que le debemos el mérito incalificable de salvaguardar las relaciones sociales y económicas en un marco de población con 508 millones de habitantes.

La democracia, la libertad, la igualdad, y el Estado de Derecho no son valores fundamentales por estar contemplados en tratados o constituciones. Su dimensión real, aquella que resiste frente a la vacuidad de las pancartas y que los colma de legitimidad —en el sentido más estrictamente weberiano—, es su aplicación diaria; silenciosa, irreconocible la mayor de las veces, y de difícil descubrimiento entre los folios de un expediente o en la mirada de un funcionario. Los conceptos de transparencia, abusividad o efectividad comenzaron a tener eco cuando algunos jueces —en España, pero también en otros estados miembros como Rumanía o Italia— empezaron a plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La protección de datos dejo de ser solo eso cuando los europeos apostamos por un modelo de defensa integral de la dignidad personal ante el reto de Internet y las nuevas tecnologías. La salvaguardia de la competencia alcanzó su última expresión cuando las conductas antimercado de algunas compañías fue sancionada con multas millonarias nunca vistas. El Derecho europeo es eso; pero no solo eso. Es, ante todo, una manifestación de la utilidad de la norma al servicio del interés común. De Roma a Bruselas, pasando por Luxemburgo. En esta campaña, no faltarán los candidatos que digan que “el partido más importante se juega en Europa”; es verdad, pero ante la envergadura del desafío al que nos enfrentamos, quizá sería más conveniente precisar que, en realidad, no es que el partido se juegue en Europa… sino que Europa es el partido.

Álvaro Perea González. Letrado de la Administración de Justicia

Fuente: Cinco Dias.