La Comisión Europea ha impuesto este jueves a Qualcomm una multa de 242 millones de euros por abuso de posición dominante en el sector de los chips de banda ancha 3G, un componente clave para que los dispositivos móviles se conecten a internet y que se utilizan tanto para la transmisión de voz como de datos.

El Ejecutivo comunitario acusa al mayor fabricante de chips del mundo de incurrir en una práctica de precios predatoria entre 2009 y 2011, al vender sus chips 3G a Huawei y ZTE, dos clientes estratégicos, por debajo de su precio de coste, con el objetivo de eliminar del mercado al fabricante británico de software para teléfonos Icera, que en la actualidad forma parte de la empresa estadounidense Nvidia. Una práctica ilegal según las normas antimonopolio de la UE.

La CE precisó que esa conducta tuvo lugar cuando Icera se estaba convirtiendo en un suministrador «viable» de esos chip 3G «con alto rendimiento en velocidad de datos», lo que convertía a la firma británica en una «amenaza creciente» para Qualcomm. Bruselas sostiene que las acciones de esta compañía perjudicaron «gravemente» a su competidor. De hecho, en mayo de 2011 Icera fue adquirida por Nvidia, que decidió liquidar la división de chipset de banda base 3G en 2015. 

«Qualcomm ha vendido estos productos a un precio por debajo del coste a clientes clave con la intención de eliminar a un competidor», ha denunciado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para justificar la multa impuesta. Esta añadió que «el comportamiento estratégico de Qualcomm ha impedido la competencia y la innovación en este mercado, ha limitado la oferta disponible a los consumidores en un sector con demanda enorme y potencial enormes para las tecnologías innovadoras», algo «ilegal».

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La multa asciende al 1,27% de la facturación de Qualcomm en 2018. La compañía de chips ya ha anunciado que apelará la decisión y ha asegurado que la sanción no está «respaldada por la ley, los principios económicos o los hechos del mercado». 

Vestager ha defendido en una rueda de prensa el largo tiempo que se ha tomado la Comisión para tomar la decisión, pues la sanción se impone sobre un bloqueo a un rival que tuvo lugar hace casi una década. Según la comisaria, el caso era muy complejo y dependía de las pruebas presentadas por Qualcomm, informa Reuters.

Esta no es la primera sanción que impone la Comisión a Qualcomm. La compañía ya fue multada el pasado año con 997 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de los chips de módem al exigir exclusividad a su cliente Apple a cambio del pago de cantidades “significativas” de dinero”, algo ilegal bajo las normas de la Unión Europea. La maniobra pretendía frenar entonces el avance de otros fabricantes de chips como Intel.

Qualcomm también perdió en mayo una demanda antimonopolio presentada por la Comisión Federal de Comercio de EE UU (FTC). Una jueza determinó que las prácticas de licencias de Qualcomm habían estrangulado la competencia en los mercados de chips módem LTE premium y CDMA durante años, y habían perjudicado a sus competidores, los fabricantes de equipos originales y los consumidores finales. En su sentencia, se determinó que Qualcomm debía estar sujeto a una supervisión de la FTC durante los próximos siete años y que debía llegar a nuevos acuerdos de licencias con las empresas. 

Bruselas mantiene ahora abierta otra investigación a otro fabricante estadounidense de chips, Broadcom. Quiere comprobar si obstaculiza a sus competidores. La Comisaria, que finaliza su mandato el 31 de octubre aunque espera permanecer en el cargo cuando la nueva Comisión se ponga en marcha en noviembre, tiene un amplio historial de multas a empresas tecnológicas estadounidenses. Desde que asumió su cargo en 2014 ha emprendido acciones contra Apple, Amazon, Facebook y Google. Esta última recibió una multa en julio de 2018 de 5.000 millones por prácticas anticompetitivas relacionadas con el sistema operativo Android. Apple tambuién se vio obligada a pagar 16.000 millones en impuestos atrasados a Irlanda y Amazon tuvo que pagar 250 millones por impuestos no pagados en Luxemburgo en 2017.

Fuente: Cinco Días