Arte y derecho pueden resultar a priori dos disciplinas esencialmente opuestas. Mientras que la primera evoca conceptos como creatividad, belleza y emoción, la segunda despierta sensaciones de rigidez, firmeza y frialdad. No obstante, la realidad es muy diferente, y lo legal convive en el mundo de las musas de manera cotidiana en lo que se conoce como derecho del arte.

En España, son muchos los bufetes o departamentos de grandes despachos que trabajan en esta área. Sus carteras de clientes incluyen tanto grandes museos como pequeños artistas, pasando por galerías de arte, casas de subastas y coleccionistas privados.

Los asuntos que atienden son de lo más diverso y variopinto: desde una operación de compraventa de una importante escultura hasta verificar la autenticidad de una obra, gestionar el transporte de una pieza artística para su exposición en un museo extranjero o recuperar un lienzo perdido o robado hace tiempo. Los casos que requieren de asesoramiento legal son numerosos, convirtiendo el derecho del arte en una materia que, de acuerdo con los expertos consultados por este diario, está adquiriendo cada vez más protagonismo dentro del sector.

Esto se debe a que, como explica Agustín González, socio de Uría Menéndez, “los agentes del mercado son cada vez más conscientes de que necesitan dotar de una cobertura jurídica a su actividad”. Por su parte, desde el bufete Ramón y Cajal afirman que el auge de este campo tiene mucho que ver con los cambios legislativos venideros, como la aprobación de una nueva ley de patrimonio histórico, ley de mecenazgo y otras modificaciones fiscales sustanciales, “lo que supondrá más trabajo para los abogados”, indican desde la firma.

Obras perdidas o robadas

Uno de los asuntos más llamativos que se engloban dentro del derecho del arte es la recuperación de obras extraviadas o robadas. “Algunas piezas, ya sea porque han sido sustraídas o porque formaban parte de una colección mayor, han acabado en paradero desconocido”, señala Roger Dedeu, socio y responsable del área de cultura en Gabeiras & Asociados. La labor del abogado, por tanto, consiste en investigar su rastro a partir de los datos proporcionados por el cliente. “Por lo general, las obras acaban apareciendo”, dice el jurista, y agrega que los poseedores ilícitos suelen esperar a que pase el plazo de prescripción de los hechos para después ponerlas a la venta.

En este sentido, la existencia de conflictos bélicos en el pasado de los bienes es un factor importante a tener en cuenta. “En periodos de guerra, es habitual que se realicen transacciones ilegítimas o poco fiables que favorecen la desaparición temporal de obras”, añade Dedeu.

De ubicar el objeto, el siguiente paso consiste en ponerse en contacto con el propietario ilegítimo “y advertirle de que su posesión es ilegal”. A continuación, se inicia un proceso de negociación para intentar recuperar el artículo que, de no alcanzar un acuerdo, “puede desembocar en acciones legales”, comenta.

Compra y venta de arte

La labor de investigación también está presente en los procesos de compraventa de piezas. En estos casos, la tarea de los letrados consiste en indagar el pasado de la obra y sus anteriores propietarios, así como constatar su autenticidad y, por supuesto, su valor. “En estas operaciones, la intervención del abogado es esencial”, apunta Rafael Mateu de Ros, socio en Ramón y Cajal Abogados. El jurista equipara este trámite a la compra de una casa, donde se suele acudir al banco, al notario u otras entidades que certifiquen la calidad del terreno o la fiabilidad del vendedor.

Para ello, los bufetes acuden a especialistas, como restauradores, catedráticos, historiadores del arte o tasadores especializados. Por lo general, estos profesionales no figuran en la plantilla del despacho, “sino que son servicios externos a los que recurrimos puntualmente”, aclara Laura Sánchez Gaona, abogada en la firma.

Por su parte, Agustín González añade que otros de los casos que con más frecuencia acaban en la mesa de los departamentos legales de arte son la preparación de contratos (en operaciones de compraventa, encargos o depósitos, por ejemplo) y el asesoramiento fiscal.

Exhibiciones

En contra de lo que pueda parecer, organizar una exposición en una galería o museo lleva detrás una minuciosa labor legal. Antonio Muñoz, asociado en Garrigues, indica que una simple operación de traslado exige todo un abanico de acuerdos entre el museo y las personas u organizaciones que prestan temporalmente la obra. Estos textos recogen desde cuestiones generales sobre el desplazamiento (el seguro, la recogida y entrega de las piezas o las condiciones del viaje, entre otras cuestiones) hasta pequeños detalles relacionados con el embalaje del objeto en cuestión, el espacio donde se expondrá o, incluso, la marialuisa o paspartú en el caso de los cuadros (moldura lisa que se coloca entre el lienzo y el marco).

Por otro lado, si uno de estos artículos fuera un Bien de Interés Cultural (BIC), el proceso se complica considerablemente. Esta figura, recogida en la Ley de Patrimonio Histórico, se refiere a aquellos elementos que, por su antigüedad, valor artístico o por la combinación de ambas características, precisan de una protección especial. Su propietario (ya sea un museo público o un coleccionista privado) está sujeto a una serie de obligaciones que le impiden reformar, exportar o vender el cuadro sin un permiso de la autoridad competente.

Perfil del abogado

Si algo define al mundo del arte es su carácter internacional. Por ello, no es raro que en los juicios donde hay obras de por medio, las partes involucradas residan en países diferentes, generando “conflictos de jurisdicción importantes”, cuenta Bernardo Cremades Jr., socio de Cremades & Asociados. El conocimiento en legislaciones extranjeras se convierte, por tanto, en uno de los elementos que debe cumplir un jurista especializado en el terreno artístico, ilustra el letrado.

Para Antonio Muñoz, el especialista “debe ser alguien que genere confianza en el artista y le ayude a vencer la resistencia inicial hacia el mundo legal”. Para ello, no basta con dominar la ley, sino que es necesario cierto conocimiento en el mercado cultural, su jerga y los actores más influyentes. Sin embargo, lo que se valora especialmente es que el letrado sepa apreciar la obra que es objeto de la transacción: “Los entendidos quieren que sus abogados sepan de qué están hablando”, concluye.

Jueces de EE UU contra el Thyssen

Obras con historia. En la actualidad, una de las disputas más relevantes por una pieza artística es la que enfrenta al museo Thyssen-Bornemisza de Madrid contra los descendientes de los Cassi­rer, una familia judía de París que, durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, se vieron obligados a vender el cuadro Rue Saint-Honoré, dans l’après-midi, de Camille Pissarro, a un precio irrisorio para poder costearse el pasaje a Estados Unidos. El comprador, un marchante alemán, intercambió el lienzo por otras dos piezas a un coleccionista judío. Este huyó a Holanda, donde el ejército de Hitler lo recuperó al invadir el país. Tras varios años oculta, la pintura reapareció en los años cincuenta en una galería de arte de Los Ángeles, donde pasó a ser propiedad de un exmilitar estadounidense, un multimillonario de Missouri y un museo de Nueva York, que se lo vendió al barón Thyssen en 1976. Años más tarde, en 1994, el Estado español adquirió la obra tras comprar los cuadros de la Fundación Thyssen.

Juicio en EE UU. Al enterarse de la ubicación de la pieza, los descendientes de los Cassirer (ahora residentes en EE. UU.) demandaron a España y a la Fundación ante los tribunales de California, exigiendo la devolución del cuadro. La familia basa su defensa en una ley estadounidense que permite a residentes demandar a terceros por cuestiones relacionadas con el expolio de obras de arte. Bernardo Cremades (Cremades & Asociados), que representa en el litigio a la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España, explica que el caso ha sido examinado hasta en dos ocasiones por el Tribunal Supremo de EE UU y se encuentra actualmente en una de las Cortes de Apelación del país norteamericano.

Fuente: Cinco Dias.